Los uruguayos no somos conscientes de la revolución que estamos viviendo. Las transformaciones legislativas que Uruguay impulsó y adoptó en los últimos años no han sido sopesadas en su justa medida dentro de nuestras fronteras, aunque sí reconocidas internacionalmente. Que decenas de miles de personas lesbianas, gays, transgénero y bisexuales (LGTB) puedan acceder ahora a derechos que antes les estaban vedados no ocupó un lugar de preponderancia en los análisis periodísticos que se hicieron acerca de los logros del gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010).
Y no son pocas las conquistas que la sociedad toda ha alcanzado en este quinquenio: unión concubinaria para parejas del mismo sexo, adopción de niños por parte de esas parejas, cambio del nombre y el género que figuran en los documentos de las personas transgénero para que estos puedan reflejar su identidad real, y la eliminación de la homosexualidad como causal de expulsión de las Fuerzas Armadas. 
Pero no sólo con el gobierno de izquierda se avanzó. Desde 2003 Uruguay castiga con penas de cárcel los actos de violencia moral o física y la discriminación contra las personas por su “orientación sexual o identidad de género”.
Que algunas de estas leyes y las instituciones creadas por ellas sean perfectibles – y mucho – no quita que Uruguay haya alcanzado una sana madurez en el contexto internacional en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos de la población LGTB. Eso ha sido posible gracias a la apertura de la clase política – un gobierno de izquierda comprometido con la justicia social y los derechos humanos -  pero también gracias al vigoroso empuje de la sociedad civil, en la cual el Colectivo Ovejas Negras ocupó un lugar primordial. A través de su organización de las marchas de la diversidad sexual (que en 2009 alcanzó una adhesión multitudinaria nunca vista), su participación en la batalla por las transformaciones legislativas, y sus acciones en el plano de la cultura, como la campaña de bien público Un beso es un beso.
Esta campaña de sensibilización en autobuses de Montevideo, radio y televisión (y su censura por parte de los canales de televisión 4 y 10) generó el primer debate en profundidad de los medios uruguayos sobre la discriminación que padece la comunidad LGTB en Uruguay. Un beso es un beso trascendió fronteras y gracias a la campaña el Colectivo Ovejas Negras fue invitado a participar de la conferencia-taller “Revolución a través del desafío: Documentando y analizando las mejores prácticas para el avance de los derechos humanos relacionados con la orientación sexual y la expresión/identidad de género”, que se realizó en Buenos Aires, del 14 al 17 de enero de este año.

Allí, entre decenas de activistas de organizaciones de la diversidad sexual de todo el planeta, tuvimos oportunidad de confirmar qué lugar ocupa Uruguay en el mapamundi de los derechos humanos de las personas LGTB.
Muy distinta es nuestra realidad a la que relataba el representante de Malawi, donde una pareja de hombres está detenida en una cárcel de ese país africano porque osó casarse en una ceremonia tradicional que es reconocida como matrimonio civil por el régimen jurídico vigente.  La homosexualidad está penada por ley en Malawi, y la pareja podría pasar hasta 14 años en prisión por haberse atrevido a manifestar su amor en público. Gays y lesbianas también son perseguidos en Bangladesh, y las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGTB deben realizar su trabajo en forma clandestina y ocultar sus verdaderos propósitos tras el escudo de la lucha contra el VIH/SIDA, como sucede en muchos países más. El invitado de Burundi ni siquiera pudo salir de su país, ya que el gobierno le impidió participar en la conferencia de Buenos Aires. Burundi penalizó recientemente, en abril de 2009, las relaciones homosexuales.
Transexuales masculinos de Argentina, Chile, Holanda y Nueva Zelanda hablaron muy elocuentemente de las dificultades que viven, muchas veces compartidas a través de la brecha del ingreso, en la obtención de tratamientos hormonales. Mientras en Nueva Zelanda el Estado se encarga de subsidiar el tratamiento, en Chile el mismo debe salir del bolsillo de los interesados. El representante chileno paga 300 dólares mensuales para tomar las hormonas que necesita.
Las personas transgénero en la gran mayoría de los países son prácticamente expulsadas del sistema educativo en forma temprana y, por ende, obligadas a ejercer la prostitución. En ese sentido, en Buenos Aires se está desarrollando una experiencia de capacitación de personas trans en una cooperativa de trabajo donde las mujeres reciben cursos de distinta índole para poder abandonar la prostitución. El Colectivo Ovejas Negras y la Cooperativa Mujer Ahora comenzarán una experiencia similar en marzo de 2010 con el objetivo de instalar una cooperativa de trabajo que otorgue la autonomía laboral a las personas transgénero.
Mientras, la situación de los países ricos es muy distinta. Los defensores de derechos humanos procedentes de Holanda y Noruega, por ejemplo, contaban que ellos no tienen problemas para conseguir fondos porque toda actividad que proponen al Estado es financiada por este, lo cual generó la envidia de todos los representantes de países menos favorecidos, incluido Uruguay. No obstante, la experiencia de los activistas de Holanda con la homofobia en los centros de enseñanza secundaria holandeses demuestra que aunque un país pueda haber logrado todas las conquistas jurídicas y aunque se tenga dinero para tirar, el cambio cultural, la integración real de la población LGTB en el resto de la sociedad es otro cantar.
En Uruguay no es nada descabellado pensar que en los próximos 5 o 10 años logremos la equiparación total de los derechos para la población LGTB. Y sin embargo, basta caminar por las calles de Montevideo – y ni que hablar de alguna localidad del interior del país – para verificar que las expresiones de afecto entre personas LGTB brillan por su ausencia, salvo en casos excepcionales. Eso demuestra un temor fundado en el rechazo social que el Estado y las organizaciones sociales como el Colectivo Ovejas Negras deben combatir con creatividad, dedicación y compromiso. Uruguay debe aprender de la experiencia de países como Canadá, España, Holanda y Noruega, donde el régimen jurídico es ejemplar  y sin embargo la homofobia sigue en pie. Es hora de redoblar la lucha por la justicia social para que los cambios sean reales y no queden en el papel de las leyes.
Álvaro Queiruga

por Colectivo Ovejas Negras

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